Peticiones de Kelisto.es para acabar con las comisiones abusivas de las tarjetas bancarias

Las comisiones abusivas de las tarjetas que cobran las entidades financieras por su uso tienen un impacto social generalizado. El sistema que utiliza la banca para aplicar estos costes genera unos graves desequilibrios, que afectan a 28 millones de españoles, es decir, el 73% de la población adulta. En sus manos hay 69,7 millones de tarjetas con las que realizan 901 millones de operaciones al año, de las que más de la mitad (450 millones) están sujetas al pago de comisiones. En total, cada ciudadano gasta una media de 67 euros anuales por mantener y utilizar una tarjeta de débito, cifra que se eleva hasta los 90 euros en el caso de las de crédito.

El primer desequilibrio que genera el sistema de cuotas y comisiones vigente tiene que ver, precisamente, con los costes repercutidos a los clientes, que exceden ampliamente los gastos que soportan los bancos. Como ya te contamos en Kelisto, la banca ingresa 3.266 millones por las cuotas y comisiones de las tarjetas, el cuádruple de lo que gasta en mantener la red de cajeros (840 millones de euros). En conjunto, esa diferencia entre ingresos y gastos es de 2.426 millones de euros, una cifra que representa el 6,5% del valor agregado bruto (VAB) del sector.

Además, las comisiones de las tarjetas bancarias han aumentado hasta un 167% en los últimos años desde 2005, lo que supone un encarecimiento que no corresponde ni con la evolución del IPC ni con la de los costes laborales, lo que conduce a pensar que esta subida responde a una estrategia de aumento de beneficios de los bancos gracias a estos cobros.

Insuficiencia normativa y parálisis institucional

Esta situación es el resultado de una serie de factores que se han retroalimentado a lo largo del tiempo.  Por un lado, la normativa actual no resulta suficiente para proteger al cliente bancario puesto que deja en manos de bancos la fijación de las comisiones y solo exige que esos gastos respondan a servicios prestados o gastos habidos, sin aclarar cómo se valorarán o controlarán estos criterios.

En segundo lugar, la normativa cuenta con lagunas en materia de transparencia informativa (por ejemplo, no exige a las entidades publicar las comisiones que realmente aplica a sus clientes) que impiden que se puedan comparar los productos que hay en el mercado. Además, la complejidad del sistema de comisiones deja en desventaja al consumidor.

A todo ello se suma una evidente ausencia de acción gubernamental o pública, que en otros países ha posibilitado avances hacia una situación más justa en la que no se dan comisiones abusivas en las tarjetas. Además, la falta de iniciativa por parte del sector y su escasa autorregulación han contribuido a que se agraven los desequilibrios provocados por el actual sistema de comisiones.

Medidas urgentes propuestas por Kelisto.es para acabar con las comisiones abusivas de las tarjetas

Ante esta situación, desde Kelisto.es exigimos que se tomen varias medidas para reequilibrar el sistema de cuotas y comisiones abusivas de las tarjetas de manera que sea más sencillo, transparente y justo para el consumidor:

1. Investigar el sistema de comisiones abusivas de las tarjetas e introducir las modificaciones legislativas pertinentes

La protección del consumidor y ciertos principios en materia de competencia se encuentran lesionados por el sistema de cuotas y comisiones vigentes debido a que:

• Las entidades obtienen cuatro veces más ingresos por cuotas y comisiones de tarjetas (3.266 millones de euros) que el coste que les ocasiona el mantenimiento de la red de cajeros (840 millones de euros).
• Sólo las cuotas anuales de las tarjetas permiten cubrir los costes de mantenimiento de los dispensadores y generan un excedente a las entidades de 1.160 millones de euros anuales.
• Los ingresos que generan cuotas y comisiones suponen el 6,5% del VAB del sector financiero.
• La subida de cuotas y comisiones no responde a un aumento del IPC o costes laborales.
• Las entidades cobran más comisiones por sacar dinero de un cajero con tarjeta débito que por hacerlo con una de crédito, pese a que el servicio que prestan es el mismo.

Con este panorama, las autoridades públicas deberían investigar de manera urgente si las cuotas y comisiones están o no ajustadas a derecho, en particular, al ordenamiento jurídico vigente en materia de competencia y protección del cliente bancario.

Como resultado de esta investigación, se debería modificar y/o ampliar la legislación vigente en materia de comisiones de forma que se garantice que las relaciones entre bancos y clientes se basan en la transparencia y que existe un equilibrio en la capacidad de negociación de cada una de las partes.

2. Aumentar la transparencia

Sería necesario mejorar la transparencia por diversos motivos:

1. El sistema de comisiones es excesivamente complejo para un consumidor medio.  Cuando un consumidor no utiliza un cajero de su propia entidad, debe tener en cuenta dos cosas: por una parte, que la comisión es un porcentaje sobre el importe que se saca del cajero (pero sujeto a una cantidad mínima en euros), y  por otra, que dicho porcentaje (e importe mínimo) varía según se utilicen cajeros de la propia red o de otras redes. Esto provoca que para un cliente bancario sea difícil decidir qué cajero debería escoger si quisiera pagar lo menos posible y demuestra que el sistema de comisiones en España genera una desventaja informativa para el cliente.
2. Los bancos publican información sobre las comisiones máximas que pueden llegar a aplicar, en lugar difundir los costes que se aplican en la práctica. Esto dificulta considerablemente la capacidad del cliente de conocer de antemano qué entidad le podría ofrecer las comisiones más baratas. La información al respecto sería notablemente más clara si las entidades informaran sobre las comisiones que aplican en la práctica, además de las máximas.
3. Falta de información periódica sobre la evolución de las comisiones en España, lo que obstaculiza el seguimiento y la comparativa con otros países de nuestro entorno.

En este contexto, se recomienda a los poderes públicos:

• Instar a las entidades de crédito a publicar las comisiones aplicadas, con la periodicidad que marca la ley (trimestralmente), evitando la ambigüedad que supone para el cliente disponer sólo de la información sobre comisiones máximas.
• Crear un comité de análisis y seguimiento de las comisiones: preferiblemente, debería estar formado por representantes del Banco de España, el Tribunal de Defensa de la Competencia y otras entidades públicas implicadas, las entidades de crédito, las redes de cajeros y las asociaciones de consumidores.
• Divulgar, al menos con carácter anual, información sintética de fácil interpretación sobre el importe y la evolución de las comisiones de las tarjetas bancarias, y sobre los ingresos que generan dichas comisiones y el coste que supone para la banca el mantenimiento del parque de cajeros.
• Eliminar la complejidad del actual sistema de comisiones mediante la reforma que se propone en el punto número 3.

3. Promover la reforma del sistema de comisiones de las tarjetas de débito

La protección del cliente bancario podría reforzarse si se atenuaran las desventajas de información y de capacidad de negociación (frente a las entidades) que padece.

Por un lado, el consumidor sufre desventajas informativas. Por otro, las desventajas en la capacidad  de negociación frente a su banco se reflejan en los gastos que el consumidor asume por tener y utilizar tarjetas de débito. Éstos parecen injustificados si se comparan con los costes que las entidades tienen para mantener la red de cajeros.

Un sistema de comisiones justo para ambas partes, que atenúe las desventajas de información y poder de negociación del cliente, tendría la siguiente estructura:

• Una cuota anual que refleje la parte proporcional de los gastos reales que la entidad asume por prestar el servicio (disponer de efectivo en cajeros), y que se actualice anualmente en función del IPC.
• Comisiones cero por retirada de efectivo en cajeros del territorio nacional.

Impulsar un sistema de comisiones de estas características requiere un desarrollo legislativo que esté en línea con los avances registrados en la normativa sobre transparencia de algunos productos financieros,  como los créditos al consumo y las hipotecas. Asimismo, un sistema como este requeriría una labor de supervisión y seguimiento efectivo y continuo. Para ello, se podría crear un comité tripartito, en el que la administración, el sector financiero y los consumidores llevaran a cabo esta tarea.