Ley de la Segunda Oportunidad: así cambiará tu forma de afrontar las deudas

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En Kelisto hemos analizado la letra pequeña de la nueva Ley de la Segunda Oportunidad para que sepas cómo funciona y qué requisitos tendría que cumplir una familia si tiene una deuda pendiente que no puede pagar y quiere acogerse a ella.

La ley que regulará los mecanismos de “segunda oportunidad, es decir, la norma que ofrece soluciones para que las empresas, los autónomos o las familias que tengan una deuda que no podrán pagar puedan continuar con su vida sin llevar esa losa encima, entró ayer en vigor.

Entre las consecuencias que tendrá la nueva norma para los particulares, hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera, que la deuda hipotecaria se incluye dentro de las que se podrán negociar en caso de que no poder asumir su pago. Es decir, se abre la puerta a la dación en pago, pero con condiciones.

El segundo elemento a considerar es que, para llegar a esa posible dación en pago, habrá que seguir una especie de “itinerario”, que ofrece tres alternativas a los deudores:

1. Acuerdo extrajudicial de pagos:

Si un consumidor no puede pagar sus deudas tendrá que recurrir, en primer lugar, a un “Acuerdo extrajudicial de pagos”. En este primer paso, que estará vigilado por un juez, se elegirá a un “mediador”. Esta persona –que salvo que se indique lo contrario, será un notario-es quien llevará la batuta en el proceso y quien tratará que deudor y acreedores logren un acuerdo.

Una vez se haya comunicado al notario que se quiere iniciar este proceso, este tendrá 15 días para comprobar cuál es la situación de la deuda y para convocar una reunión entre el particular y sus acreedores. Además, tendrá que elaborar una propuesta de acuerdo en la que se planteen alguna de estas soluciones:

a. Esperas por un plazo que no supere los 10 años

b. Quitas, es decir, que se perdone la deuda, o parte de ella

c. Cesión de bienes o derechos a los acreedores como forma de pago de los créditos pendientes (o de parte de ellos), como se plantea en la dación en pago

Una vez se hayan iniciado las negociaciones, la ley establece un período de dos meses en el que los acreedores no podrán, entre otras cosas:

a. Iniciar o continuar la ejecución sobre el patrimonio del deudor, es decir, se paralizarían procedimientos como las ejecuciones hipotecarias, que son lo que, en muchos casos terminan con un “lanzamiento” (lo que comúnmente conocemos como desahucio).

b. Continuar cobrando intereses al deudor correspondientes a los créditos que tuviera pendientes

Para que se acepte el acuerdo extrajudicial de pagos hará falta que voten a favor, como mínimo, un número de acreedores que represente el 60% de la deuda que se viera afectada por el acuerdo. Si pasados los dos meses establecidos por la ley, el notario cree que no es posible llegar a buen término, enviará al juez sus conclusiones y pedirá que se inicie el procedimiento concursal.

2. Procedimiento Concursal

El procedimiento concursal ya existía hasta la fecha, pero la nueva ley establece una novedad importante: se establece un mecanismo para que las familias también puedan disfrutar de la exoneración de las deudas, es decir, para que puedan librarse de ellas o, lo que es lo mismo, acceder a una quita. Ahora bien, para ello, habrá que cumplir con una serie de requisitos:

a. Que se haya concluido el concurso, o bien porque ya se han liquidado todos los bienes o bien porque se haya determinado que no había suficientes bienes para hacer frente a la deuda

b. Que se determine que el deudor actúa “de buena fe”. Para ello, la norma establece que deben cumplirse algunas exigencias; por ejemplo:

- Que el particular nunca haya sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, contra la Hacienda Pública o por falsedad documental, entre otros

- Que haya celebrado (o al menos intentado celebrar) un acuerdo extrajudicial de pagos

-Que hubiera pagado los créditos contra la masa (donde se incluyen, por ejemplo, las costas judiciales), los créditos concursales privilegiados (como las dedudas con Hacienda y la Seguridad Social) y, si no hubiera habido acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos concursales ordinarios.

- Que acepte someterse al “plan de pagos”, que es la tercera alternativa creada en este nuevo itinerario para deudores

Cuando se demuestre el cumplimiento de todos estos requisitos, todavía faltaría un paso más: los acreedores tienen que decir que están de acuerdo con  que el particular se libre de sus deudas. Para oponerse, tendrán que alegar que no se cumple alguna de las exigencias relacionadas con la buena fe del deudor.

Hay que tener en cuenta que, durante los cinco años siguientes a que se acuerde que una familia se ha librado de sus deudas, los acreedores todavía podrían rechazar esa decisión. Para eso, tendría que suceder alguna de estas cosas:

  • Que se demuestre que el deudor no ha cumplido con alguno de los requisitos relacionados con su buena fe
  • Que no cumpla con lo que se establezca en el plan de pagos que se elaborará para aquellas deudas que no se hayan podido quedar saldadas
  • Que mejore “sustancialmente” su situación económica y que eso le permita pagar todas las deudas pendientes, siempre que pueda mantener sus “obligaciones de alimentos” (es decir, gastos personales como los de alimentación, suministros: luz, teléfono, agua…
  • Que se constante que el deudor tenía ingresos, bienes o derechos que ha ocultado

3. Plan de pagos

Es la vía que se establece para todas aquellas deudas de las que las familias no puedan librarse en el concurso de acreedores. Este plan de pagos se desarrollará durante un período de cinco años y, durante ese plazo, las deudas pendientes no podrán generar intereses. El plazo para poder presentar este esquema de pagos será de 10 días y tendrá que se aprobado por un juez.

Cuando finalice el plan de pagos, el juez dictará que, con carácter definitivo, el consumidor se ha librado de sus deudas. Incluso, si no hubiera podido cumplir con el plan de pagos en su totalidad, también podría determinarse que las deudas están saldadas: para ello habría que demostrar que, para tratar de cumplirlo, ha utilizado al menos la mitad de sus ingresos.  

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