El Defensor del Pueblo rechaza exigir a la banca un sistema de comisiones más justo para el consumidor

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La institución que dirige Soledad Becerril señala a Kelisto que el asunto no es de su competencia, pese a haberse dirigido en otras ocasiones a las entidades financieras para pedir más transparencia en asuntos como la ley antidesahucios o la sustitución del IRPH.

El Defensor del Pueblo ha rechazado investigar el actual sistema de comisiones de las tarjetas aplicado por las entidades financieras españolas e impulsar cambios al respecto, tal y como pide Kelisto a través de su campaña “Stop comisiones” que comenzó el pasado mes de junio. Así lo ha expresado la institución en una carta dirigida a los usuarios que han solicitado que la institución prestara su apoyo a esta iniciativa y actuara para pedir mejoras al respecto.

El pasado 25 de junio, Kelisto inició una campaña de recogida de firmas para solicitar cambios que en el actual sistema de comisiones. Entre otras cosas, se pedía una investigación para determinar si las comisiones que cobran los bancos se ajustan a la ley, una reforma integral en el sistema de comisiones para que sea más barato y sencillo para el consumidor, y un amento de la transparencia, mediante la publicación de información periódica sobre los cobros que aplican los bancos.

Las peticiones de Kelisto se basaban en los resultados del estudio “Tarjetas bancarias en España: desequilibrio, opacidad y abuso en la fijación de comisiones”, en el que se revelaban varias injusticias relacionadas con este asunto. La primera de ellas, que la banca ingresa 3.266 millones por las cuotas y comisiones de las tarjetas, el cuádruple de lo que gasta en mantener la red de cajeros; y que los ciudadanos en riesgo de pobreza pagan el doble de comisiones por tarjetas que un ciudadano medio.

Además, el estudio ponía de manifiesto que las comisiones por tarjetas han aumentado hasta un 167%  desde 2005 –un crecimiento que no se corresponde ni con la subida del IPC ni de los costes laborales-, que España tiene las comisiones por tarjetas más caras de la Unión Europea y que más de 1,1 millones de personas no tienen acceso a un cajero en nuestro país, una cifra que ha aumentado un 12% desde el inicio de la crisis. 

A la vista de estas conclusiones, Kelisto inició una campaña de recogida de firmas con las que pretende impulsar una modificación en los cobros que las entidades realizan por las tarjetas bancarias. Como parte de esta iniciativa, la web del ahorro puso a disposición de sus usuarios una herramienta que les permitía enviar un modelo de carta a los bancos y al Defensor del Pueblo pidiendo que actuaran para que el cambio fuera posible.

En su respuesta a los usuarios de Kelisto, la institución que dirige Soledad Becerril ha comunicado que, por mandato constitucional, no puede intervenir en asuntos que no sean de su competencia. Las funciones del Defensor del Pueblo se centran en la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, por lo que bancos y cajas no entrarían dentro de las funciones que puede acometer. No obstante, en otras ocasiones, sí ha pedido que las entidades modifiquen su manera de actuar en favor del interés ciudadano.

Por ejemplo, en diciembre de 2013, remitió una carta a las patronales bancarias para pedirles que informaran a los ciudadanos de los derechos que les reconoce la ley antidesahucios. Pocos días antes, la institución también pidió que las entidades actuaran con transparencia respecto a la sustitución del índice IRPH. En otros momentos, su queja se ha dirigido directamente al Banco de España. Así, en febrero de este mismo año, llegó a cuestionar la utilidad que tiene su servicio de reclamaciones para el ciudadano.

En la misiva dirigida a uno de los usuarios de Kelisto, el Defensor del Pueblo se limita a recordar que las entidades tienen libertad para establecer las comisiones, siempre que respondan a servicios prestados o gastos habidos, y que más allá de eso no existen límites a su importe. La institución explica que, si el usuario lo considera oportuno, puede presentar una consulta o reclamación al Banco de España y que, en caso de no obtener respuesta del regulador en cuatro meses, puede dirigirle una nueva carta para pedir que le preste ayuda.

Nuestra opinión

La actuación del Defensor del Pueblo no solo ha sido sorprendente sino, además, decepcionante. Desde Kelisto.es sabíamos cuáles eran las competencias de la institución. Pese a ello, consideramos oportuno dar la posibilidad de que los usuarios se comunicaran con ella dado que, en anteriores ocasiones, sí se había pronunciado en relación a asuntos que atañen a la banca y había pedido cambios al respecto. Si en otras ocasiones lo ha hecho, ¿por qué en esta no? Es una cuestión a la que, sin duda, nos gustaría que la institución pudiera dar respuesta.

Además, si bien es cierto que la institución no puede actuar con respecto a entidades privadas, sí puede hacerlo en relación a organismos públicos. En este sentido, el Ministerio de Economía es uno de los principales responsables de que se haya llegado a esta situación de desequilibrio e injusticia. Economía no solo ha redactado una ley que es demasiado permisiva, sino que no se ha preocupado por establecer mecanismos que controlen si realmente las entidades están cobrando por unos gastos habidos. Si no, ¿cómo se explica que la banca esté ingresando por las comisiones de las tarjetas el cuádruple de lo que gasta en mantener la red de cajeros?

Si la actuación del ministerio de Economía no ha sido la adecuada y el Defensor del Pueblo sí tiene competencias para actuar respecto a instituciones públicas, ¿por qué no ha decidido tomar ninguna iniciativa?

Por otro lado, la misiva recalca cuál es la ley que rige el actual sistema de comisiones. Precisamente, uno de los aspectos que denuncia la investigación realizada por Kelisto son las deficiencias de esa normativa. La legislación actual se ha mostrado insuficiente para proteger al cliente bancario y muestra importantes lagunas en materia informativa porque ni siquiera obliga a que los bancos publiquen cuáles son las comisiones que cobran a sus clientes. Si esta ley también forma parte de la esfera de lo público, ¿no hubiera sido razonable que el Defensor del Pueblo se pronunciara al respecto?

Desde Kelisto.es consideramos totalmente incomprensible la respuesta del Defensor del Pueblo y reiteramos nuestro deseo de que reconsidere las peticiones que le han trasladado nuestros usuarios. Creemos que el cambio es posible pero, sin la ayuda de instituciones que velan por el bienestar del ciudadano, será mucho más difícil conseguirlo. 

 

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