El Congreso da luz verde a la nueva Ley de defensa de los Consumidores

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La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso aprobó ayer la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, un texto que traslada a la legislación española una norma europea y que nace con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de consumidores y empresarios, así como  de mejorar los derechos de los compradores en todas las transacciones a distancia, según el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Para ello, la normativa, que todavía tendrá que pasar por el Senado para el aprobado definitivo, establece un nuevo marco legal que trata de combatir las cláusulas abusivas con el fin de impulsar el comercio electrónico y ajustar la legalidad a este sector en auge.

Entre las mejoras en esta materia, la nueva legislación dispone que el consumidor deberá conocer el precio final del producto y deberá aceptarlo antes de finalizar el proceso de compra online, de forma que se eviten las cargas encubiertas. Así, si una compañía no obtiene el consentimiento expreso del usuario para un pago adicional, el consumidor tendrá derecho al reembolso del mismo. Además, si la empresa en cuestión decide habilitar una línea telefónica para comunicarse con el cliente, su coste no podrá superar el de la tarifa básica.

Novedades en los contratos telefónicos

La nueva ley aborda la contratación telefónica de bienes y servicios. Por ejemplo, cuando una compañía se ponga en contacto telefónicamente con el consumidor para  formalizar un contrato a distancia, el usuario deberá confirmar esa oferta a través de un soporte duradero. Es decir, la oferta no será vinculante hasta que el consumidor la haya firmado, o haya enviado su acuerdo por escrito (ya sea en papel, fax o correo electrónico) o por un mensaje SMS. De este modo, se garantiza que el consumidor es plenamente consciente de lo que acepta.

También se introducen nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar a un contrato realizado a distancia, ampliándose de los 7 días hábiles actuales a 14 naturales. Sin embargo, si no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo se amplía automáticamente a 12 meses.

Otra de las novedades es la relativa a la regulación del spam telefónico. La nueva ley prohíbe las llamadas telefónicas entre las 21 horas y las 9 horas, entre semana, así como los fines de semana y festivos. Además, el consumidor deberá ser informado desde la primera llamada de su derecho a oponerse a recibir nuevas ofertas y a dejar constancia de ello a través del mismo medio de comunicación utilizado por la empresa.

La nueva ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios también legitimará a los fiscales para representar a los consumidores en reclamaciones colectivas ante cláusulas abusivas en los contratos con una compañía.  

Control al uso y publicidad de los cigarrillos electrónicos

La legislación de defensa de los consumidores también regula el uso y publicidad de los cigarrillos electrónicos. En concreto, se modifica la actual Ley Antitabaco para detallar los lugares donde se prohibirá el uso de estos dispositivos, su publicidad y definición. De este modo, no se podrán usar en determinados espacios públicos cerrados, como el transporte público o los centros sanitarios o educativos, y tampoco en algunos espacios al aire libre de colegios, hospitales o centros de salud, así como en parques infantiles o zonas de juego para la infancia, como ya sucede con el tabaco.

En cuanto a su publicidad, deberá hacerse exclusivamente en aquellos soportes y franjas horarias en los que no esté prohibida. Es decir, no se podrán emitir anuncios en programas dirigidos a menores de 18 años y durante 15 minutos antes o después de la trasmisión de los mismos. Además, en medios audiovisuales no se podrá ver su publicidad en la franja horaria comprendida entre las 16 y las 20 horas.

Nuestra opinión

La regulación de cuestiones como el spam telefónico, el uso del cigarrillo electrónico o las garantías a la hora de cerrar un contrato a distancia es una buena noticia para el consumidor. Sin embargo, echamos de menos que la nueva norma establezca unas sanciones duras para lograr que, en la práctica, las compañías hagan caso a lo que dicta la norma.

Por otro lado, esta ocasión debería haber servido para abordar otras cuestiones que afecten, por ejemplo, a la claridad de las facturas que recibe el consumidor en servicios como la luz o el gas, la información mínima que las entidades deberían ofrecer en sus webs al referirse a productos como las hipotecas o la necesidad de mejorar la información que se ofrece sobre la tarificación de los SMS Premium

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