Las operadoras reducirán el horario de sus llamadas de publicidad

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Jazztel, Ono, Orange, Telefónica, Vodafone y Yoigo han ampliado el código deontológico creado en 2010 para autorregular sus operaciones de televenta. Algunas de las novedades son el nuevo horario de las llamadas comerciales y la creación de un mecanismo de control externo.

Las operadoras de telecomunicaciones reducirán el horario en el que llaman a los usuarios para venderles sus servicios. Esa es la principal novedad del nuevo código deontológico que han suscrito todas las grandes compañías telefónicas españolas el pasado mes de junio. También crearán una comisión para vigilar sus operaciones de televenta.

El código, acordado por Jazztel, Ono, Orange, Telefónica, Vodafone y Yoigo, es una renovación del que firmaron en noviembre de 2010. Entonces, Jazztel no suscribió el acuerdo de autorregulación.

Novedades en el código deontológico de las compañías telefónicas

La gran novedad del texto reformado es que las compañías estrecharán el horario de sus llamadas comerciales. Hasta ahora, las podían realizar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a jueves y, los sábados, de 9 a 2. El nuevo horario empezará una hora más tarde y no podrán llamar a los usuarios pasadas las 20:30 horas. Los sábados también se retrasa el inicio a las 10. Lo que no cambia es la prohibición de realizar operaciones de televenta los domingos y festivos.

Otro elemento nuevo del código es la creación de un mecanismo de control externo. Las compañías, mediante un panel externo, realizarán encuestas periódicas a los usuarios para seguir el cumplimiento del acuerdo. En esta línea, crearán una comisión formada por representantes de cada operadora que se encargará de evaluar los resultados de las encuestas. También se establece que aquellas que incumplan el código podrán ser expulsadas del mismo.

El resto de puntos de acuerdo es una repetición de los acordados en 2010. Como entonces, las operadoras se comprometen a dejar de molestar durante tres meses a los usuarios que contacten y hayan mostrado que no les interesa la oferta. Además, en el caso de no contactar con el usuario no podrán realizar más de tres intentos al mes.

Pero el más importante, que sigue en vigor, es el compromiso de las compañías de abstenerse de llamar a los que se hayan inscrito en alguna de las llamadas listas Robinson. En España, la asociación Adigital gestiona estas listas en las que cualquier usuario se puede registrar para indicar que no quiere recibir publicidad. Sin embargo, este sistema no protege contra las llamadas automáticas, en las que un sistema robótico marca números al azar.

“Sólo busca que el Gobierno no intervenga”, declara a Kelisto Rubén Sánchez, portavoz de la organización de defensa de los consumidores Facua. “Esta nueva versión demuestra que el anterior acuerdo no sirvió para nada. Sólo la intervención de la Administración, con la imposición de multas, podría cambiar las cosas”, añade.

Según Facua, y basado en las denuncias recibidas por esta organización, Jazztel, que ahora sí ha firmado este nuevo acuerdo, es la que más spam telefónico realiza, con el 44% de las quejas. Le sigue Movistar, con el 9%. Sin embargo, siempre según Facua, aún no ha habido sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos a estas prácticas a pesar de haber presentado ya varias denuncias.

Nuestra opinión

Un acuerdo entre la práctica totalidad de las operadoras para regular cuándo y cómo llamar a los usuarios para venderles algo siempre es una buena noticia. Si se acaba con las llamadas a horas intempestivas, bienvenido sea. Pero lanzar una segunda versión sólo tres años después de la primera sólo puede significar dos cosas: o, como dicen desde Facua, el primero no ha funcionado, o se trata de un ejercicio de relaciones públicas.

Ni la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones CMT ni las operadoras tienen datos sobre si ha habido una reducción efectiva de las llamadas de televenta. En el acuerdo tampoco se dice que las nuevas limitaciones afecten a las subcontratas o empresas comercializadoras externas que van a la caza de nuevos clientes en nombre de las operadoras. Por último, sin un régimen sancionador o una entidad independiente que vigile el cumplimiento del acuerdo, se corre el riesgo de que se quede en una mera declaración de buenas intenciones.

Fuentes: Europa Press / Adigital / Ministerio de Industria / Operadoras

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