Reformar la ley hipotecaria dispararía el precio de las nuevas hipotecas

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La reforma de la ley hipotecaria se distancia mucho de la propuesta ciudadana antes de ser aprobada, perdiendo elementos como la dación en pago retroactiva para disgusto de los grupos que impulsaron la ILP.

La tramitación de la reforma hipotecaria española ha concluido en mayo tras su paso por el Congreso y el Senado, un recorrido que ha incluido reuniones a puerta cerrada, duros enfrentamientos entre fuerzas políticas en la Cámara y una polémica campaña de protestas ciudadanas ante las viviendas de varios líderes políticos.

El texto, en el que se han combinado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), un proyecto anterior del Gobierno y enmiendas de algunos grupos políticos, parece haber sufrido grandes cambios desde que la propuesta ciudadana llegó al Parlamento, impulsada por casi millón y medio de firmas.

Para empezar, ya no se llamará “Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social”, sino “Ley de los Deudores Hipotecarios, de Reestructuración de la Deuda y del Alquiler Social”. Los cambios, ya desde el nombre, son más que evidentes.

La principal reclamación del texto civil, la aplicación de una dación en pago universal y retroactiva, se ha caído sin remedio del proyecto. Los detractores de esa medida afirman que dispararía la morosidad y el precio de las nuevas hipotecas además de crear una gran inseguridad jurídica por introducir el concepto de ley retroactiva.

Infructuosa presión popular

Grupos como la Plataforma de Afectados por la hipoteca han respondido a las críticas con los llamados escraches, protestas ante viviendas de los políticos que se oponen a su proyecto. Y aunque las organizaciones afirman que estos actos tienen fines informativos, muchos miembros de la clase política han expresado su profunda condena a estas prácticas.hipoteca han respondido a las críticas con los llamados escraches, protestas ante viviendas de los políticos que se oponen a su proyecto. Y aunque las organizaciones afirman que estos actos tienen fines informativos, muchos miembros de la clase política han expresado su profunda condena a estas prácticas.hipoteca han respondido a las críticas con los llamados escraches, protestas ante viviendas de los políticos que se oponen a su proyecto. 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Pese a la presión popular, sin embargo, el elemento más polémico de la propuesta ha quedado descartado, aunque no sin sobresaltos. Los enfrentamientos políticos en torno al proyecto de ley han registrado momentos de gran tensión entre fuerzas políticas.

Entre las 275 enmiendas presentadas al texto destacaban las de CiU, que contemplaban ampliar los criterios para que los deudores puedan acogerse a la dación en pago si actúan de buena fe, entre los que cabe destacar que se haya colaborado con las autoridades judiciales durante el proceso y que no se hayan ocultado bienes a sus acreedores.

También proponen una fórmula de “segunda oportunidad”, que permita a una familia quedarse en la casa que ya ha perdido a cambio de un alquiler económico, que si paga con rigurosidad le daría opción a recomprar la vivienda.

Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular terminó por aprobar el texto, en el Congreso y el Senado, únicamente con los votos de su partido, sin que estos elementos se incorporasen al texto definitivo.

Paralización de desahucios

Otro capítulo importante de la ILP era el referido a la congelación de los desalojos forzosos de quienes no puedan pagar su hipoteca. En este sentido, el Gobierno ha reiterado que ya aprobó una moratoria de dos años a finales de 2012 dirigida a familias especialmente vulnerables. La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) estima que esa medida beneficiaría apenas a 157.000 hogares, que suponen el 0,9% de los hipotecados españoles.

Sí parece haber tenido mejor fortuna el concepto de alquiler social, que se mantiene al menos de nombre en el proyecto legislativo y podría dar lugar a un nuevo concepto de alquiler en España.

El Ministerio de Fomento ya ha anunciado que invertirá 2.400 millones de euros para fomentar el alquiler como opción habitual en España, donde la tradición de la compra está muy arraigada.

Entre otras medidas, la inversión contempla ayudas a 133.000 personas con rentas inferiores a 1.600 € mensuales, así como iniciativas para fomentar la rehabilitación de viviendas antiguas y ayudas específicas a los afectados por desahucios.

Fuentes: Congreso de los Diputados, Diario Vasco, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Lainformacion.com, Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), Ministerio de Fomento.  

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