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la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá

Los bancos empezarán a pagar el impuesto de las hipotecas a partir del sábado

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  • El Consejo de Ministros aprueba el real decreto que modifica la normativa que regula el impuesto de actos jurídicos documentados y neutraliza así el fallo del Tribunal Supremo que determinaba que eran los clientes quienes debían abonar el impuesto de las hipotecas.

El impuesto de las hipotecas pasará a ser responsabilidad de los bancos a partir del próximo sábado 10 de noviembre. La normativa que permitirá que este tributo deje de ser responsabilidad de los consumidores y se traslade a las entidades ha sido aprobada hoy por el Consejo de Ministros, aparecerá mañana publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se comenzará a aplicar justo un día después.

Tal y como anunció ayer el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la modificación del la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ha recibido luz verde día y medio después de que el Tribunal Supremo decidiera que los clientes seguirían pagando el impuesto de las hipotecas. Esta decisión llegó tras varios días de idas y venidas con respecto a este tributo, después de que el 18 de octubre el propio alto tribunal dictara que el impuesto de las hipotecas lo debían pagar los bancos y no los clientes y pocas horas después dejara su propio fallo sin efecto a la espera de una reunión posterior en la que se debía tomar una decisión en firme.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, la titular de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha resaltado que, pese a que el Gobierno mantiene “todo el respeto hacia la autoridad jurídica”, ha procedido a cumplir “con su deber”  y que lo ha hecho con “responsabilidad y rapidez en su respuesta”.

En este sentido, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la urgencia de la aprobación del real decreto sobre el impuesto de las hipotecas por la “confusión generada” en los últimos días y por la necesidad de “clarificar la normativa actual para que no haya dudas acerca del sujeto pasivo de este tributo”, es decir, acerca de quién debe pagarlo. A este respecto, ha detallado que, con el cambio de la legislación, desparecerán las deducciones y tipos reducidos que existían hasta el momento, por lo que los bancos tendrán que abonar el tipo general que se aplique en cada comunidad autónoma.

¿Cuánto se ahorrarán los consumidores en el impuesto de las hipotecas?

El impuesto de actos jurídicos documentados está cedido a las comunidades autónomas por lo que, dependiendo de dónde se encuentre la vivienda que se quiera comprar mediante una hipoteca, el importe que se abona por este tributo varía notablemente. Así, aunque la horquilla oscila entre el 0,5%  de las regiones más baratas y el 1,5% de las más caras, existen otras tasas intermedias, como el 0,75% de la Comunidad de Madrid y el 1% de La Rioja o Canarias.

Tomando como referencia la hipoteca media que se solicita en cada comunidad autónoma, los consumidores ahorrarán, de media, 1.445 euros en el impuesto de las hipotecas con el cambio en la ley aprobado hoy, según los cálculos de Kelisto. Las comunidades donde el ahorro será mayor serán Baleares (2.374,6 euros), Cataluña (2.006,9 euros) y Andalucía (1.617,6 euros), mientras que en el extremo contrario se sitúan Ceuta (537,5 euros), Navarra (548,6 euros) y Melilla (697,8 euros).

¿Qué pasará si los bancos deciden encarecer sus hipotecas?

En su intervención, la titular de la cartera de Hacienda también ha indicado que el Gobierno trabaja ya para la creación de una autoridad de defensa del cliente de productos financieros que estará disponible “en unas semanas”. Esta figura, a su juicio, velará por la seguridad de los consumidores y tratará de evitar que las entidades puedan introducir cláusulas abusivas en las hipotecas con las que poder repercutir el sobrecoste que tendrán que asumir al abonar el impuesto de actos jurídicos documentados.

Más allá de esto, ha reconocido que tendrá que ser la propia “autorregulación del mercado hipotecario” y, por tanto, la competencia entre entidades para ofrecer un producto más atractivo para el cliente, la que determinará si el coste del impuesto de actos jurídicos documentados se repercute o no al consumidor.

A priori, las entidades financieras podrían contar con varias herramientas para trasladar a los clientes el coste del impuesto de las hipotecas, aunque solo algunas de ellas podrían hacerse efectivas:

  • Incluir en los contratos de las hipotecas algún tipo de cláusula que, de considerarse abusiva, podría ser controlada o limitada por parte de las autoridades.
  • Crear o aumentar las comisiones de las hipotecas: crear una nueva comisión no sería una posibilidad, porque cualquier cargo que se aplique por un producto bancario tiene que responder a un servicio prestado y este no sería el caso. Ahora bien, lo que sí podría suceder es que las comisiones que ya existen pudieran aumentar. 
  • Subir los diferenciales de las hipotecas: esta sería la opción más factible, ya que nada (salvo la  competencia entre los propios bancos) limita que una entidad pueda subir o bajar el interés que cobra por sus préstamos

En este sentido, un incremento del diferencial de las hipotecas, por pequeño que fuera, podría neutralizar el ahorro que un consumidor conseguiría. Partiendo de las ofertas que actualmente comercializan las entidades y tomando como referencia una hipoteca media en España, el cliente paga 14.756,51 euros en intereses. Si los diferenciales de esas hipotecas aumentaran en 0,10 puntos porcentuales, los intereses totales subirían hasta los 16.346,75 euros, es decir, 1.590,24 euros más de lo que se paga a día de hoy - esto supone un coste de 134,96 euros más que si se abonara el impuesto de actos jurídicos documentados (+9,27%), según estimaciones de Kelisto.

Las consecuencias serían aún peores si la subida de los diferenciales fuera mayor. Así, con una subida de 0,20 puntos, los intereses totales a pagar se situarían en 17.954,39 euros, lo que supone un desembolso extra de 3.197,88 euros respecto al actual: es decir, 1.742 euros más que si se abonara el impuesto de actos jurídicos documentados (+119,74%). Si el incremento llegara hasta los 0,50 puntos, los intereses totales ascenderían a 22.838,3 euros, lo que representa 8.081,79 euros más de lo que se paga actualmente: por tanto, se pagarían 6.626,51 euros más que abonando el impuesto de actos jurídicos documentados (+455,34%).

La reforma de la ley hipotecaria, por la vía urgente

Además de la modificación que regula el impuesto de las hipotecas, el Consejo de Ministros también ha aprobado hoy solicitar la tramitación urgente de la ley de créditos inmobiliarios con que la que se llevará a cabo la reforma de la ley hipotecaria. En este sentido, la portavoz del Ejecutivo ha explicado que, de esta forma, la norma pasaría rápidamente del Congreso –donde se debate actualmente- al Senado para que se tramite con carácter de urgencia. “En vez de pasar dos meses, en 20 días naturales podríamos tramitar la ley”, ha indicado.

La ley de créditos inmobiliarios servirá para transponer una directiva europea que debería haber entrado en vigor hace más de dos años y medio. Esta demora ha provocado que las autoridades comunitarias amenacen a España con una multa millonaria: más de 105.000 euros de sanción por cada día de retraso en su puesta en marcha.

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