La Unión Europea trata de poner coto a la manipulación del euríbor

Parlamento Europeo

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Tras los escándalos de manipulación destapados en 2014, el Parlamento Europeo respalda la creación de un reglamento que permita controlar cómo se calculan índices como el euríbor, que se usa como referencia para fijar el precio de la mayoría de las hipotecas en España.

La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha votado a favor de la creación de una normativa que impida que la banca pueda manipular índices como el euríbor, una referencia crucial para muchos consumidores en países como España, donde se utiliza para fijar los intereses que habrá que pagar por la mayoría de las hipotecas variables que conceden las entidades financieras.

El impulso de esta nueva norma se produce un año después de que la Comisión Europea impusiera una multa histórica a seis grandes bancos por manipular índices como el euríbor, tal y como te contamos en Kelisto. En concreto, Bruselas fijó una sanción de 1.700 millones de euros a Deutsche Bank, Société Générale, RBS, JP Morgan, Citigroup y RP Martin por esta infracción, aunque aclaró que estas malas prácticas no habían afectado a clientes con hipotecas, sino que impactaron fundamentalmente en otros productos derivados, como swaps, opciones o futuros.

En aquel momento, Bruselas ya avanzó su intención de legislar para que este tipo de situaciones no volvieran a producirse. A día de hoy, el euríbor –que indica el precio al que los bancos se prestan dinero entre sí- no cuenta con ningún tipo de regulación que controle cómo se calcula. Para su fijación, tal solo se toma como referencia los datos ofrecidos diariamente por un panel de 31 entidades, que se encargan de su autorregulación.

Ante la falta de una supervisión externa que garantice que la fijación de este índice –y de otros, como el británico Libor-, la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha respaldado la creación de una normativa que se articularía a través de medidas. La primera, que se diferencie entre aquellos índices que tienen una “relevancia sistémica” y aquellos que tienen menor importancia, de forma que quienes administren estos índices menores estén sujetos a una menor carga burocrática. Es decir, que el mayor control se centre en los índices realmente relevantes, como el euríbor o el libor, que influyen en contratos e instrumentos financieros con un valor que ronda los 500.000 millones de euros. 

La segunda medida propone que esos índices “importantes” tengan que cumplir con unos principios sobre la forma de calcularlos que estén establecidos por la IOSCO, una organización internacional que agrupa a organismos equivalentes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española de más de 100 países.

Por último, la normativa determinaría que el cumplimiento de esas reglas de cálculo estuviera controlado por un colegio de supervisores presidido por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) y formado por supervisores nacionales.

Tras la aprobación por parte de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el texto tendrá que someterse ahora al voto del pleno del Parlamento Europeo y, si recibe luz verde, pasará a negociarse con los Estados miembros y la Comisión Europea, según ha informado la propia cámara comunitaria en un comunicado.

Nuestra opinión

Al igual que sucedió con la multa impuesta por Bruselas a los bancos acusados de manipular el euríbor, esta propuesta empieza a debatirse demasiado tarde. Hace ya un año que la Comisión Europea anunció su intención de establecer una legislación para controlar la formación de estos índices y todavía habrá que esperar hasta septiembre para que el Parlamento Europeo apruebe su posición conjunta, un trámite que podría retrasarse si los eurodiputados no dan su visto bueno en esa primera lectura. Una vez completada esta fase, todavía habrá que espera a la negociación con Bruselas y los países de la Unión Europea, con lo que todavía es difícil saber cuándo podría entrar en vigor esta regulación.

Para restaurar la confianza en estos índices –y proteger a los miles de consumidores que cuentan con hipotecas referenciadas al euríbor- sería necesaria una mayor capacidad de reacción. Imponer multas tres años después de que se cometa una infracción o legislar varios años después de que se anuncie la intención de hacerlo no parece tener mucho sentido. 

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