España podría ser sancionada por el retraso en la aprobación de la nueva ley hipotecaria

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El Gobierno español debería haber reformado la ley hipotecaria hace más de un año para cumplir con los plazos de la Comisión Europea.

El retraso en la aprobación de una nueva ley hipotecaria podría tener graves consecuencias para España. La Comisión Europea ha anunciado hoy que llevará a España, Croacia, Chipre y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por demorarse en la transposición de la Directiva sobre créditos hipotecarios, una norma que tendría que haberse incorporado al ordenamiento jurídico de cada país mediante la aprobación de una nueva legislación.

Tal y como te contamos en Kelisto, la Comisión Europea había dado de plazo hasta marzo de 2016 para que los Estados miembros incorporaran esta nueva norma a sus ordenamientos jurídicos. Sin embargo, en el caso de España, la interinidad del Gobierno durante el final de 2015 y buena parte de 2016, entre otras cuestiones, retrasó la aprobación de esta normativa.

En un comunicado, la Comisión Europea ha destacado que la Directiva sobre créditos inmobiliarios nace con el objetivo de mejorar la protección del consumidor mediante la regulación de cuestiones como el abaratamiento de los costes de amortización anticipada, la eliminación de la comisión de estudio, la posibilidad de cambiar de moneda en las hipotecas firmadas en otras divisas o la mejora en la transparencia de las cláusulas que pudiera contener cada contrato.

De hecho, el propio ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ya adelantó hace unos meses que la nueva norma obligará a los consumidores a verificar de su puño y letra que han comprendido cada una de las cláusulas del contrato de su hipoteca antes de proceder a su firma.   

La Comisión Europea considera que este retraso en la aplicación de la nueva ley hipoteca impide que los consumidores españoles se puedan beneficiar de la protección que ya disfrutan en otros países comunitarios.  Del mismo modo, destaca que los intermediarios de crédito de otros países comunitarios tampoco pueden operar en España (como sí pasaría con la nueva norma), lo que impide que los futuros hipotecados puedan beneficiarse de ofertas potencialmente ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. “Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos”, ha destacado la Comisión.

La Justicia Europea podría imponer sanciones a España

El incumplimiento en los plazos de aplicación de una directiva europea, como ha ocurrido con la directiva de créditos inmobiliarios, supone la activación de un procedimiento de actuación que puede terminar con las autoridades nacionales en el banquillo del TJUE:

  • Ante un caso de infracción, Bruselas remite un escrito para pedir información al país afectado, que deberá ofrecer una respuesta en un plazo de dos meses
  • Si la Comisión considera que el país ha incumplido su obligación, pedirá una explicación formal al estado miembro en cuestión y le solicitará que le informe de las medidas que vaya a adoptar en un plazo de dos meses
  • Si el país en cuestión sigue sin cumplir con su obligación, Bruselas puede llevarle ante el TJUE, como ha ocurrido con España. Si el país sigue sin tomar medidas, la Comisión Europea puede optar por pedir directamente que el TJUE imponga sanciones. 
  • Tras analizar el caso, si el TJUE detecta que el país ha violado la legislación europea, procederá a fijar sanciones. Según han confirmado a Kelisto fuentes de la Comisión Europea, en el caso de España la sanción propuesta ascendería a 105.991,60 euros por día.

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