El año pasado cerró con más de 180 desahucios al día

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La maraña de datos sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios provoca que sea casi imposible conocer el alcance real de un problema que afecta a miles de ciudadanos.

Averiguar exactamente cuántas familias son desalojadas de su casa es una tarea realmente complicada. El Poder Judicial ha publicado sus estadísticas sobre los procedimientos de ejecuciones hipotecarias y desahucios registrados en 2013, pero al no desglosar los datos por tipo de inmueble (vivienda, garaje o local comercial) no permite conocer con exactitud el alcance de este problema.

Según dichas cifras, los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos practicaron el pasado año un total de 67.189 lanzamientos, es decir, actos en los que se desaloja a los ocupantes de una vivienda o local y que popularmente se conocen como ‘desahucios’. Más de la mitad de esos desalojos (38.141) se ejecutaron sobre inmuebles en régimen de alquiler, mientras que cerca del 40% (25.811) derivaron de impagos de hipotecas, según el informe del Poder Judicial.

Estos datos se empezaron a recoger el año pasado y, por tanto, no se pueden comparar con ejercicios anteriores para analizar su evolución. Ahora bien, el análisis también incluye otras cifras que sí son comparables: las de ejecuciones hipotecarias, que son los procedimientos iniciados por las entidades financieras cuando se produce el impago de un préstamo hipotecario y que pueden acabar en una orden de desahucio.

Según las estadísticas del Poder Judicial, dichas ejecuciones descendieron un 9,8% el año pasado, hasta las 82.860, una bajada que el organismo atribuye a la aplicación de la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, entre otras causas.

El informe del Poder Judicial puede resultar confuso porque aporta datos de diferentes fuentes: además de los desahucios practicados por los Juzgados de Primera Instancia, detalla el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque advierte de que no todos los partidos judiciales –es decir, las demarcaciones judiciales que agrupan varios municipios- disponen de este servicio. El problema es que estos lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles y no solo a viviendas, y que el hecho de que se soliciten no significa que haya sido ejecutados. Según el Poder Judicial, estos lanzamientos solicitados a los servicios de notificaciones y embargos ascendieron 65.182 en el conjunto del año, un 12,5% menos que en 2012 en términos comparables.  

En declaraciones a Kelisto, Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), rechaza que este descenso se explique por la Ley de protección de deudores hipotecarios que, en su opinión, está teniendo una “incidencia mínima”. “En todo caso puede deberse a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que permite a los jueces suspender o anular ejecuciones hipotecarias”, señala, antes de advertir de que las cifras son, en cualquier caso, “escandalosas”.

Desde la PAH lamentan que no haya datos claros sobre el número de familias desalojadas de sus viviendas en España y consideran que “a la Administración no le interesa que se conozca la situación de emergencia que se está dando”.

Según Colau, el Colegio de Registradores recogió en un estudio monográfico que en torno al 70% de las ejecuciones hipotecarias se producen sobre viviendas habituales, un porcentaje que se eleva al 90% en el caso de algunas grandes ciudades.

Más de 35.000 viviendas entregadas a las entidades, según el Banco de España

Por otro lado, la plataforma subraya que otra de las fuentes que ofrece datos sobre desahucios, el Banco de España, recoge datos aportados por las entidades financieras, a las que conviene “tirar a la baja”.

El regulador presentó el año pasado por primera vez las conclusiones de una encuesta sobre este tipo de procedimientos, realizada a bancos y cajas de ahorros  que concentraban más del 85% del total de crédito hipotecario vivo concedido a hogares. Posteriormente, hizo un requerimiento a todas las entidades de depósito para que aportaran sus datos, que reflejan que en los seis primeros meses de 2013 se produjeron 35.098 entregas de viviendas a la banca, ya sea de forma voluntaria o por la vía judicial.

 Teniendo en cuenta que en 2012 el total de viviendas entregadas fue de 44.745, es probable que los datos del cierre de año arrojen un aumento de este tipo de actos, frente al descenso que reflejan las estadísticas del Poder Judicial.

El informe del Banco de España detalla que, del total de viviendas entregadas en el primer semestre de 2013, 19.567 fueron desahucios tramitados por vía judicial, de los que 15.451 se produjeron sobre viviendas habituales, mientras que el resto corresponde a segunda residencia o viviendas para alquiler.

Además de estas, se realizaron 15.531 entregas voluntarias, de las que 12.719 fueron primeras viviendas. El regulador  precisa también que 11.348 de las viviendas que se entregaron de forma voluntaria –8.856 viviendas habituales y 2.492 segundas residencias o alquiladas-- fueron daciones en pago (entrega de la vivienda para cancelar la deuda).  

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) coincide con la PAH en que el descenso de ejecuciones hipotecarias que reflejan los datos del Poder Judicial “esconde un drama  que, lejos de remitir, continúa con una fuerza que no corrigen las normativas de supuesta protección al deudor que aprueba el Gobierno”.

Según destaca la asociación en un comunicado, sólo 26.140 familias han podido acogerse a las medidas para proteger a los hipotecados, “unos resultados paupérrimos, apenas un 5% de todos los afectados por ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis”.

Extrayendo sus propias estimaciones de los datos del Banco de España, Adicae calcula que en el conjunto del ejercicio se producirá un incremento de casi el 45% en el número de viviendas habituales entregadas de manera voluntaria y forzosa respecto a las embargadas en 2012.

Nuestra opinión

Las estadísticas de los juzgados sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios ofrecen una perspectiva muy general sobre uno de los efectos más dramáticos de la crisis, al no desglosar los datos por tipo de inmueble, y pueden resultar confusas al presentar datos provenientes de distintas fuentes.

Si bien otros organismos como el Banco de España y entidades como el Colegio de Registradores han empezado a publicar también cifras sobre ejecuciones hipotecarias, se echa en falta un estudio oficial que profundice en los detalles de un problema que está afectando a miles de familias en España. Si no se hace una radiografía clara de la situación, difícilmente se podrán plantear soluciones adecuadas para abordarla.

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